El gran reto de la FP intensiva

La Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional (LOIFP) y su normativa derivada es, en su campo de aplicación, la más ambiciosa desde la LOGSE de 1990 y supera la Ley de las Cualificaciones y la Formación Profesional de 2002 especialmente por un mayor grado de aplicabilidad. Evidentemente, esta ambición comportará las correspondientes dificultades en su aplicación y será necesario que las administraciones la doten -queremos decir, con los recursos correspondientes- y den el apoyo necesario a los centros que tendrán que hacerla realidad. Si esta condición se cumple, las dificultades serán superadas.

La integración en un solo sistema del que hasta ahora eran dos subsistemas ha sido, probablemente, el aspecto más debatido de la nueva normativa y con frecuencia se ha señalado como un objetivo de logro difícil o muy difícil. No es una cuestión que pueda conseguirse en dos días. La transición a un solo sistema es compleja porque afecta a inercias e intereses divergentes de las administraciones y los agentes diversos que impulsan la FP. Sin embargo, se ha demostrado, que ésta es una cuestión directamente relacionada con la voluntad política y que, si la estabilidad acompaña, es un objetivo perfectamente alcanzable.

Más complicado parece la consecución de los objetivos marcados por la ley y la normativa que se deriva de ellos con relación a la formación dual. Hagamos, ante todo, una breve explicación de las previsiones de la nueva normativa. Se establece que los ciclos formativos de Grado Medio y Superior -y otras ofertas de FP de diferentes niveles- tendrán carácter dual, sea en régimen general o intensivo. Haciendo un paralelismo algo chapucero con la situación actual, el régimen general se asemejaría a la actual FP con las prácticas en empresas y el régimen intensivo sería el que hasta ahora hemos denominado formación dual.

El régimen general tiene estas características: duración de la formación en empresa entre el 25 y el 35% de la duración de la formación (con una excepción, a la baja, en el caso de la FP de nivel 1); la empresa debe participar en los resultados de aprendizaje del currículum hasta un 20% y, finalmente, no existe relación contractual entre el alumno y la empresa.

Por el contrario, en el régimen intensivo los porcentajes de formación en la empresa y su participación en la evaluación de los aprendizajes ascienden a más del 35% y del 30%, respectivamente, y existe un contrato laboral entre la empresa y el estudiante que, por tanto, se convierte en un trabajador más, como ocurre en la mayoría de los modelos europeos de referencia.

Las administraciones educativas tienen hasta final de 2024 para adaptar el período de formación en empresa a lo que establece la nueva normativa. Más importante aún, las administraciones tienen hasta finales de 2028 para prescindir del sistema de becas y pasar al contrato de formación para la FP intensiva.

El calendario es generoso. No presenta dificultades insuperables en cuanto a la adaptación de la formación en centros de trabajo a finales de este año 2024. Entendámonos: que no haya escollos insalvables no comporta que no haya trabajo a hacer; significa, sencillamente, que son obstáculos que no escapan al saber hacer de los centros y las administraciones educativas y que, por tanto, permiten hacer un pronóstico mínimamente optimista.

Pese a que haya 4 años por delante, el pronóstico sobre la generalización del contrato de trabajo como concreción del vínculo entre estudiantes y empresas en la FP intensiva es más compleja porque viene determinada por factores estructurales de la actividad económica y las características del tejido empresarial y por factores de tipo cultural que son mucho más difíciles de modificar.

Según los datos de 2023 del Consejo General de Cámaras de Cataluña sobre la tipología de empresas y entidades colaboradoras que acogen a estudiantes en prácticas en Cataluña, un 22,17% son microempresas, un 12,97% son empresarios individuales y un 12 ,56%, pequeñas empresas. Es decir, casi la mitad -un 47,7%- de las empresas colaboradoras responden al perfil de empresa pequeña o muy pequeña que, con estas proporciones, resultan imprescindibles para avanzar hacia una FP dual, sea con el régimen general o con el intensivo. Un porcentaje como éste no es compensable por un aumento de oferta de plazas de las grandes empresas o de las instituciones públicas. Por tanto, hay que contar con las pymes.

Las empresas de estas dimensiones tienen dificultades reales para implicarse más en colaboraciones con la FP. Se alude a menudo al papeleo y a la gestión burocrática, pero si esto no ha sido un obstáculo para las más de 19.000 empresas pequeñas que en 2023 acogieron a estudiantes en prácticas no parece creíble que sea un obstáculo disuasivo. Mucho más real parece la barrera de la escasa capacidad para liberar personal y tiempo para acoger y formar a estudiantes, más aún cuando el concepto de FP intensiva conlleva una nueva función formadora de la empresa, hasta ahora sólo explorada y practicada por un porcentaje muy bajo de empresas. Las pequeñas empresas trabajan con muy poco margen en todas sus dimensiones y éste sí que es un freno para su implicación en la FP. Y, ciertamente, en muchos momentos ampliar su plantilla puede significar una dificultad.

Hay también algunas barreras de tipo cultural: todavía demasiadas empresas no se sienten implicadas en la formación de sus futuros trabajadores. Esto supone un proceso de profesionalización demasiado largo que hoy en día no interesa ni a los jóvenes ni a las empresas. Justamente la formación dual -la intensiva, según el concepto de la nueva normativa- aporta una solución a esta cuestión integrando el proceso formativo tanto en el centro como en la empresa. Así, cuando un joven obtenga su titulación ya domina las tareas profesionales y se convierte en un profesional avanzado. Esta opción acorta el proceso de profesionalización y favorece los itinerarios profesionales de los jóvenes y rentabiliza para la empresa su inversión formativa.

Ciertamente, resolver los problemas de la reducida dimensión de la empresa catalana y de la cultura hegemónica en el tejido empresarial, no está al alcance del sistema de FP. ¡Sí que se pueden hacer -se deben hacer-! campañas que hagan ver a las empresas la necesaria implicación en la viabilidad de la FP dual. Pero también ayudarían medidas en la línea de exenciones fiscales como las que se han aplicado en la Formación Continua con el crédito de formación (bonificación, hasta un tope, de las cuotas de la seguridad social en función de la inversión en formación realizada por la empresa). Se trataría de compensar, a un determinado tipo de empresa, el gasto que asumen al contratar trabajadores en formación. Un análisis coste-beneficio ayudaría a determinar las condiciones de esta compensación.

Evidentemente, éstas son medidas costosas -pero no son costes que los gobiernos no puedan asumir, ni mucho menos- y suponen la implicación de partidos políticos, gobiernos y administraciones públicas en general. Pero mucho nos tememos que o se aplican medidas de este tipo -no hace falta que sea la que hemos puesto como ejemplo- o los retos propuestos para 2028 serán complicados de superar.

Josep Francí, Francesc Colomé, Xavier Farriols y Oriol Homs.

Publicado en la versión en catalán de Opina FP el 24 de septiembre de 2024