Cambios obligados en el acceso a la FP

El Real Decreto de ordenación de la Formación Profesional publicado en julio del pasado año tendrá efectos por primera vez en el proceso de admisión a la FP. Y lo hará en fechas cercanas. Las Administraciones educativas serán las responsables de adaptar el Real Decreto a la realidad de cada Comunidad Autónoma. Sin embargo, todas deberán ajustarse a los límites muy claros que delimita la nueva norma.

La FP presenta siempre un equilibrio delicado entre su función profesionalizadora y su función formativa, dos funciones inseparables en la FP por su propia definición (el mismo nombre contiene los dos conceptos). Así, el peso que se dé a las condiciones para acceder a él acabará condicionando este balance entre ambas funciones. Ahora, la aplicación de las medidas de acceso planteadas en el citado Real Decreto incidirá en un sentido u otro en el peso que se dé a cada una de las dos vertientes. Las decisiones de las administraciones educativas tienen, a nuestro juicio, algunos riesgos que convendría evitar.

En cuanto al Grado Medio, las medidas se definen en el artículo 111 del Real Decreto. Sin extenderse en detalles, se establece que entre el 75% y el 85% de las plazas serán para quienes tengan el graduado del ESO o de la FP de Grado Básico. El resto de plazas, repartidas también con las cuotas correspondientes, serán para quienes hayan superado la prueba de acceso, tengan estudios convalidables o el título de Técnico/a o Técnico/a Superior. A raíz de lo que hemos observado hasta ahora en varias Comunidades Autónomas, no parece que la concreción de estos criterios generales en los procesos de acceso a la FP de Grado Medio deba ser especialmente polémica o conflictiva. Lo decimos, evidentemente, con toda la cautela que corresponde a una afirmación basada en indicios: ya se sabe que los procesos de inscripción y matrícula en unos estudios son fácilmente inflamables.

Por la misma vía de interpretación de síntomas, nos parece que las decisiones de las administraciones educativas en relación con los accesos al Grado Superior pueden ser más problemáticas. El Real Decreto marca los siguientes criterios en el artículo 115: entre el 75% y el 85% de las plazas corresponden a estudiantes con el título de Técnico/a de FP o el título de Bachillerato; el resto de plazas, distribuidas también en cuotas, serán para quienes hayan superado un curso específico o la prueba de acceso, tengan módulos ya aprobados u otro título de Técnico Superior.

El artículo 115 del Decreto precisa que las proporciones de estudiantes procedentes de la FP de Grado Medio y del Bachillerato que podrán acceder a la FP de Grado Superior serán establecidas por las administraciones educativas, pero que en ningún caso el porcentaje para unos u otros podrá ser inferior al 45% de las plazas asignadas a este grupo, es decir, se abre la posibilidad de que un 55% de los alumnos que hagan FP de grado Superior no tenga estudios de Bachillerato. La decisión a tomar en este punto es, creemos, la más delicada y compleja. 

Vaya por delante que los autores de este artículo tenemos una trayectoria acreditada de defensa, promoción y aplicación de medidas de ampliación y flexibilización de las vías de acceso a la FP de Grado Superior que estableció la LOGSE. Argumentamos, en su momento, que para quienes habían obtenido el título de Grado Medio, la única manera de acceder al Grado Superior fuera tener que cursar el Bachillerato o probar suerte en la prueba de acceso era, de facto, limitar notablemente el acceso. Defendemos el llamado curso puente y promovimos los cursos de preparación de la prueba de acceso con el objetivo de facilitar el acceso a la FP de población adulta que quisiera devolver al sistema educativo. Pero consideramos, con igual énfasis, que esta mayor diversidad de vías de acceso no debería ser un mecanismo de disuasión del acceso desde el Bachillerato.

Por un lado, porque el sistema de FP es el primero interesado en preservar el acceso desde el Bachillerato. Con todas las críticas que se quieran hacer en la realidad actual del Bachillerato y en su función real dentro del sistema educativo, no deja de ser cierto que proporciona una formación de base que hace posible un mayor grado de aprovechamiento de un ciclo de grado superior, un mayor nivel de competencia profesional de los graduados de FPGS y, también, una mejor base para acceder a cualquier formación universitaria.

La FP de Grado Medio tiene y debe seguir teniendo como objetivo principal la profesionalización de sus alumnos que, al finalizar, serán más maduros y habrán mejorado su formación de base pero, desde un punto de vista sistémico, con carencias que piden ser tratadas. Siendo cierto que, por regla general, tendrán una buena motivación para continuar estudios en el grado superior, sería un error cargar de esta función de formación de base en la FP de Grado Medio desvirtuando su objetivo profesionalizador. Priorizando esta vía de acceso al Grado Superior se va de cabeza a cometer esta equivocación, aunque pueda ser como la mejor de las intenciones, como puede ser la de defender más facilidades para quienes ya han pasado por la FP.

Por otra parte, porque reducir excesivamente los flujos entre el Bachillerato y la FP de Grado Superior tiene el riesgo de inclinar a la FP a ser una vía de segunda categoría en el acceso al sistema universitario y, en último término, en el acceso al mercado de trabajo. Si para quien tiene el título de Bachillerato el acceso a la FP acaba siendo tan compleja como el acceso a la Universidad, la inercia social mayoritaria acabará consolidándose aún más de lo que ya está. Al sistema de FP le interesa mucho profundizar en la inercia contraria: que, a la salida del Bachillerato, la FP de Grado Superior pueda ser una alternativa que sin negar el acceso a la Universidad -que no lo hace, todo lo contrario – Favorece una inserción laboral en buenas condiciones y en un plazo más rápido que los estudios universitarios.

Siguiendo este razonamiento, el sistema de FP debe buscar la incorporación desde el Bachillerato porque saldrá reforzado. Así, a pesar del Real Decreto deja poco margen, creemos que en esta disyuntiva entre Técnicos de FP y titulados de Bachillerato, el mayor porcentaje debería corresponder a quienes vienen de Bachillerato. Habrá que seguir atentamente las decisiones que acaben tomando las administraciones educativas y valorar, posteriormente, los resultados de los diferentes procesos de preinscripción y matrícula.

Josep Francí, Francesc Colomé, Xavier Farriols y Oriol Homs

Publicado en la versión en catalán de Opina FP el día 31 de enero de 2024