Acreditación de competencias: una gran oportunidad
En los ámbitos relacionados con la Formación Profesional se habla mucho, en los últimos meses, de la puesta en marcha del procedimiento de evaluación y acreditación de competencias profesionales. Se trata, lisa y llanamente, de ofrecer a las personas que no disponen de una titulación o certificación oficial la posibilidad de acreditar, previa evaluación, aquellas competencias profesionales que han adquirido a lo largo de su vida laboral.
No se trata, por supuesto, de regalar nada a nadie ni de facilitar la obtención de títulos oficiales «por la puerta trasera», como en ocasiones algunas críticas interesadas han querido hacer creer. Hablamos, simplemente, de la posibilidad de obtener una credencial estrictamente centrada en lo que las personas ya han aprendido y que, por tanto, de ninguna manera es necesario que vuelvan a aprender. No existe agravio posible para las personas que, con su esfuerzo, ya han obtenido una titulación.
Los beneficios para las personas y para el país por lo general son bien claros. Se gana en transparencia del mercado de trabajo: las empresas ganarán en facilidades para encontrar a las personas cualificadas que necesitan, demanda proclamada, con razón en muchos casos, durante muchos años. Las personas tendrán una opción más eficiente para mostrar lo que saben y saben hacer, y para capitalizar los aprendizajes realizados, evitando así formaciones reiterativas que inciden en competencias que ya dominan. Con una base ya acreditada, se pueden diseñar itinerarios formativos que complementen y enriquezcan la cualificación de cada persona. La flexibilidad que ha ido adquiriendo la formación profesional en las últimas dos décadas permite hacerlo.
Los fondos europeos (fondos MRR) disponibles para la acreditación de competencias permiten financiar los costes de su implantación y pueden cubrir todas las fases del procedimiento, desde la orientación inicial hasta la acreditación y registro final, pasando por asesoramiento y la evaluación. Por una vez -daríamos esperar a que sirva de precedente- los recursos no son un problema. Esperamos que se gasten bien y que no tengan que devolverse.
Dado el elevado nombre de personas ocupadas sin ninguna titulación profesional, la generalización de la acreditación de competencias profesional también puede tener una influencia muy positiva sobre la productividad de la actividad económica. Debe tenerse en cuenta que el gran reto del proceso de innovación tecnológica y la digitalización de los procesos productivos exigirá la actualización de las competencias de toda la población ocupada (reskilling y upskilling). El objetivo de la Unión Europea es que cada año el 60% de la población ocupada participe en actividades formativas.
La acreditación de las competencias profesionales puede servir como primer paso para motivar e iniciar procesos formativos con acreditación formal. Por tanto, es muy importante que este proceso sea lo más generalizado posible y no reste una medida marginal y esté articulado con una oferta flexible y de fácil acceso de formación continuada. De hecho, en los últimos años ya se ha incrementado notablemente el nombre de personas acreditadas, pero todavía es demasiado minoritario.
Una mano de obra calificada y bien formada seguramente presionará al alza los salarios y éstos a su tiempo presionarán las mejoras de la productividad. La alternativa es continuar con una situación como la actual de baja cualificación, baja productividad y bajos salarios que pone en peligro el mantenimiento del bienestar general de la población. Pero para que el trinomio cualificación-salarios-productividad funcione es necesario un consenso generalizado de todos los agentes económicos y sociales y una relación formación-empresa eficaz que acorte la curva de aprendizaje al inicio de la contratación laboral. Así pues, la acreditación de las competencias es una pieza más de un conjunto de reformas del sistema de formación profesional y del mercado de trabajo de gran alcance que es necesario planificar de forma articulada.
Ha sido una oportunidad perseguida a lo largo de muchos años y ahora que finalmente llega no deberíamos permitirnos fallar. Continuarán existiendo, es necesario contar, resistencias tan poco explícitas como efectivas. Superarlas -la disponibilidad de recursos debería ayudarle- es la responsabilidad exigible a los gestores públicos. Apoyar, de la forma que cada uno pueda, la plena disponibilidad y accesibilidad del procedimiento es la responsabilidad de todos los que creemos en una economía basada en el valor añadido, la mejora de la cualificación profesional de la población, la productividad y los salarios dignos. Si todo ello descarrila, las consecuencias negativas las sufriremos en un futuro no muy lejano
Josep Francí, Francesc Colomé, Xavier Farriols y Oriol Homs
Publicado en la versión en catalán de Opina FP el día 24 de octubre de 2023