Acercar la realidad a la norma
Hace tres décadas, dos de los firmantes de este artículo -Farriols y Francí, junto con el colega y amigo Miquel Inglès- escribíamos estas líneas en relación con el proceso de implantación de la LOGSE promulgada en 1990:
El peor defecto de los cambios educativos en España ha sido siempre la distancia entre la literatura de las leyes y la tozudez de los hechos. (…) No han faltado, eso sí, leyes bien hechas que, como obedeciendo a un designio fatal, nunca fueron aplicadas por sus redactores. Leyes cuya elaboración se encargó a sectores avanzados del régimen político establecido -César de Madariaga en 1928, Ruiz-Giménez en 1955, Villar Palasí en 1970, con sus respectivos equipos- para dejar su aplicación posterior a la deriva y sin dineros. Romper con esta tradición debe ser uno de los grandes objetivos de la LOGSE en el ámbito de la Formación Profesional inicial.
Con muchos matices (¡y muy significativos!), habría que tener en cuenta esta trayectoria normativa poco lucida en la implantación de la Ley de ordenación e integración de la FP (LOIFP) y el real decreto que la desarrolla.
Construir un sistema que integrase las diversas ramas de la Formación Profesional (FP), ha generado, durante décadas, un debate a menudo agrio entre las instituciones y agentes que dan vida a la FP. El objetivo valía la pena: fortalecer el sistema de FP y convertirlo en un referente de las necesidades de mejora profesional y laboral de muchas más personas, con independencia de su edad. Los debates han tenido momentos de cierta intensidad y muchos años de “descanso”, con resultados escasos hasta hace un par de años.
En marzo de 2022, la LOIFP ofrecía -¡finalmente!- una solución a una controversia que parecía crónica. Lo hacía, entre otras muchas medidas, dando la competencia y el peso fundamental a las administraciones educativas. La nueva denominación del ministerio competente -Ministerio de Educación y Formación Profesional, ahora con el añadido de los Deportes- era probablemente el símbolo más visible. Al cabo de un año largo, el Real Decreto de ordenación del Sistema de Formación Profesional, aprobado por el Gobierno español el pasado 18 de julio -¡la fecha duele!- desarrolla las prescripciones de la ley.
La opción tomada va a gustar más o menos pero es una alternativa viable. De nuestro punto de vista se trata de una buena ley y un buen decreto. Lo mínimo a admitir, en todo caso, es que la ley resuelve un problema endémico y deshace un bloqueo que permite salir adelante. Sin embargo, los obstáculos no faltarán.
Paradójicamente, la ambición de las medidas contenidas en la nueva normativa puede ser una de estas dificultades. La nueva normativa implica la vertebración de un sistema flexible y adaptable a necesidades cambiantes, que descanse sobre una red de centros que deben experimentar una transformación sustancial. Valdrá la pena, más adelante, realizar un análisis de las funciones establecidas porque su alcance recomendaría un plan de apoyo potente para hacerlas posibles en la realidad y no sólo sobre el papel, con una cuidadosa gestión del cambio.
Sería un grave error considerar que las nuevas normas ya han sido promulgadas y que, por tanto, ya está todo hecho. Ciertamente es un paso imprescindible, un gran paso adelante, pero es sólo el primero. Se necesitan recursos y un plan de acompañamiento fuerte para todos los actores del sistema -para que todo el mundo haga el trabajo que le corresponde, para que ayude- pero especialmente en los centros (profesorado, equipos directivos…). El planteamiento general está establecido. Ahora hay que ayudar a hacerlo posible allá donde se “produce” el aprendizaje, allá donde pasan las cosas: en las aulas y talleres (y, por extensión, en las empresas) en la interacción entre profesorado y estudiantes.
Josep Francí, Francesc Colomé, Xavier Farriols y Oriol Homs
Publicado en la versión en catalán de Opina FP el día 19 de diciembre de 2023